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Ciudad de México. Unos 50 mil presos federales y locales pronto podrían estar en las calles. Se trata de reos que no han sido sentenciados hasta ahora y que, de acuerdo con la miscelánea para el nuevo sistema penal aprobada ayer por el Senado, tendrán derecho a solicitar su libertad a partir del próximo sábado.

Entre los beneficiarios están aquellos acusados de fraude, robo de hidrocarburos, delitos fiscales, lavado de dinero, portación de armas, hurtos no violentos, todos los ilícitos de servidores públicos, falsedades (de documentos, de declaración, etcétera) o delitos menores de droga.

El artículo quinto transitorio del decreto respectivo permitirá a reos procesados bajo el sistema anterior tramitar ante el juez de su causa “la revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva” que le hubieran sido impuestas.

Lo anterior, ya que, a partir del 18 de junio, los únicos delitos que ameritarán prisión preventiva forzosa son los previstos en el Artículo 19 de la Constitución: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas e ilícitos cometidos con armas o explosivos.

Al cierre de 2015, en las cárceles del país había 103 mil reos no sentenciados, de los cuales la mitad está relacionado con delitos graves.

Los reos tendrán derecho a buscar su libertad provisional y optar por medidas como brazaletes electrónicos, arraigo domiciliario, prohibición de salir del país o de una localidad, presentación periódica ante el juez o pago de fianza.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva legislación que establece nuevas normas en el sistema penitenciario nacional, que deberá estar acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral que entrará en vigor el 18 de junio.

La Ley Nacional de Ejecución de Penal fue aprobada con 449 votos a favor y se turnó al Ejecutivo federal.

En el dictamen también se modificó el artículo 225 del Código Penal Federal.

En artículos transitorios se seala que con la entrada en vigor de la legislación, podrán acceder al beneficio de libertad anticipada aquellos internos cuyo delito de robo no exceda 80 veces la unidad de medida y actualización y no haya mediado violencia, así como quienes cometieron el delito de posesión de mariguana sin fines de comercio.

Con la nueva norma se establecen las bases en las que se organizará el sistema penitenciario y se precisan las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y las medidas impuestas por un juez.

La ley prevé la reestructuración de la administración y operación del sistema penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para procurar la reinserción social.
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